AMILCAR VELÁSQUEZ

Durante la gestión de Amílcar Velásquez Zárate dejo de concluir hace un par de meses. Mientras sectores de la sociedad civil lo apoyan, otros lo critican, e incluso fue tachado como no idóneo ante la Comisión de Postulación, cuando intentaba reelegirse.
En mayo del año pasado, Velásquez Zárate anunció la implementación de las escuchas telefónicas como parte de la Unidad de Métodos Especiales (UME).

Según Javier Monterroso, director de incidencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), la aplicación de este método debe ser considerada como  un logro en la gestión de Velásquez y es un legado que deja para su sucesor. Alejandro Quinteros, integrante del Movimiento Cívico Nacional (MCN), indica que la aplicación de este método era un proceso que obligadamente tenía que darse, por lo que no es un acierto del funcionario. Criticó que sólo en el 2.7 por ciento de los casos que ingresan al Ministerio Público (MP) se presenta una acusación formal. “Esto quiere decir que en Guatemala los crímenes están sin castigo… no puede ser buena una gestión que pierde el examen con 2.7 puntos sobre 100”, dijo. Monterroso, en cambio, consideró que Velásquez frenó la caída de la institución y además “limpió la casa”, al poner a personal del MP a disposición de los tribunales. “Hubo una verdadera depuración”, añadió.

“El equipo que ha dirigido la Fiscalía General en el último año y medio ha obtenido resultados indiscutibles para toda Guatemala, menos para los 12 comisionados”, indicó Carlos Castresana, ex jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al cuestionar el hecho de que no obtuviera ningún voto para ser parte de la nómina final.
“Lo que pasa es que la CICIG conoce menos del 1 por ciento de los casos, y con el respeto que merece el doctor, me parece que no se hace mención a la gran mayoría de guatemaltecos de a pie que tienen casos sin resolver”, agregó Quinteros.

Según el informe de labores de la institución, durante 2009 ingresaron 392 mil denuncias. El órgano investigador tramitó 3 mil 984 sentencias, de ellas, 3 mil 461 condenatorias y el resto absolutorias.  Esto significa que el 1.01 por ciento del universo de los casos llegó a sentencia.